Ante
importación de biodiésel
Fedepalma manifiesta preocupación por falta
de coherencia en política pública del Gobierno Nacional
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La Federación Nacional de Cultivadores
de Palma de Aceite, Fedepalma, manifiesta su profunda preocupación por la
decisión del Ministerio de Minas y Energía, de autorizar el registro de
importadores de biodiésel, pues resulta inconsistente con los lineamientos de
Política Pública establecidos en el Conpes de biocombustibles 3510 de 2008, los
cuales están orientados a impulsar la producción nacional de bicombustibles
para diversificar la canasta energética, generar empleo y desarrollo rural, y
contribuir al mejoramiento del medio ambiente en Colombia.
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Es una medida que desconoce que el
comercio internacional de biocombustibles es altamente distorsionado por los
apoyos y subsidios que recibe este sector en los principales países productores
y exportadores.
El pasado 12 de
julio de 2017 el Ministerio de Minas y Energía firmó la Resolución 31537,
mediante la cual se aprueba el primer registro de una empresa como importadora
de biocombustibles para motores diésel (biodiésel), lo que abre la puerta a
importaciones contrarias a las normas del comercio internacional, generando un
precedente negativo con graves implicaciones para la producción nacional de
biocombustibles y en particular para la agroindustria de la palma de aceite en
Colombia, impactando a más de 6.000 cultivadores, cerca de 85 % considerados
pequeños productores, ubicados en más de 150 municipios en 21 departamentos.
Esto, en la medida
en que el Gobierno pasa por alto que los biocombustibles no responden a las
leyes de oferta y demanda, son productos regulados y altamente subsidiados.
Razón por la cual los precios de estos productos son distorsionados y su
comercio sujeto a medidas de defensa comercial en varios países. Precisamente,
por los considerables apoyos de los países exportadores de biocombustibles, se
han llegado a generar disputas de orden comercial, a manera de ejemplo, la
Unión Europea ha impuesto medidas anti dumping y derechos compensatorios a
países como Argentina e Indonesia.
La industria
nacional de biocombustibles y los agricultores colombianos están en capacidad
de atender el mercado nacional de manera eficiente, oportuna y de competir,
siempre y cuando se brinden las condiciones de equidad y competitividad e
igualdad con el resto del mundo.
Con esta decisión,
el Gobierno Nacional demuestra una inconsistencia con la política nacional de
biocombustibles, que dio origen al documento CONPES 3510 de 2008, y que fue
concebida con los propósitos de diversificar la canasta energética del país,
mejorar la calidad del aire, estimular la producción local de materia prima, e
impulsar el empleo formal en el agro, y por lo cual, en virtud de los mismos,
promovió y apoyó la producción de biocombustibles colombianos.
Es claro, que a
partir de dicha promoción y con el fin de atender ese nuevo nicho de mercado el
sector palmero colombiano incrementó sus inversiones en cultivos y capacidad de
extracción de aceite de palma. Así mismo, con esfuerzo se adelantaron desde el
sector privado las inversiones industriales que hoy en día permiten tener la
capacidad de producir 850 mil toneladas de biodiésel y que pueden alcanzar 1
millón de toneladas en 2018. Esto, sin que a la fecha, el Gobierno haya
establecido la mezcla de biodiésel al 10 % (B10) en todo el país, incluida la
gran minería, y mucho menos se tenga un cronograma cierto de incremento futuro
de dicha mezcla al 15 y 20 %.
La medida del
Gobierno desconoce el aporte de la producción nacional de biocombustibles a los
compromisos adquiridos por Colombia en el marco del COP-21, como es la
reducción de 20 % en las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a 2030.
Con la mezcla actual, los biocombustibles nacionales reducen 2,5 millones de toneladas de CO2 por
año. Esto significa un aporte de 6 puntos porcentuales de la meta que fue
asumida por el país, cifra que se está reduciendo sustancialmente por la
importación de biocombustibles, en la medida que se pierden todos los
beneficios ambientales que se otorgan al país
productor y que en Colombia se atribuyen
a la producción sostenible de palma de aceite.
Así mismo, se olvida
que los biocombustibles han generado desarrollo rural. En el caso del
biodiésel, la agroindustria de la palma de aceite, gracias a ser intensiva en
mano de obra, genera alrededor de 160 mil puestos de trabajo entre directos e
indirectos, con remuneraciones superiores en 20 % a las de otras actividades
agrícolas del país.
Adicionalmente, la
palmicultura ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las regiones
donde se desarrolla, muchas de ellas profundamente afectadas por situaciones de
conflicto armado. De acuerdo con un estudio comparativo entre los municipios
palmeros y los no palmeros, con alta incidencia del conflicto, llevado a cabo
por DNP en 2016, se observa que los ingresos de los primeros fueron 30 %
superiores a los de los segundos, lo que el mismo DNP denominó el dividendo
social de la palmicultura.
Resulta
especialmente contradictorio que en una etapa tan crucial para el país como la
del postconflicto, en la que el Gobierno Nacional está comprometido con
impulsar iniciativas que contribuyan a generar mayores oportunidades de
desarrollo formal en el campo, sea el mismo quien promueva o al menos no
controle la importación de biocombustibles en condiciones contrarias a las
normas y tratados de comercio internacional y, con ello, ponga en riesgo la
estabilidad económica de sectores productivos como el de biodiésel y el de
palma de aceite, que tanto desarrollo y bienestar han generado en el campo
colombiano.
Finalmente, los
gremios hacen un llamado al Gobierno Nacional a guardar la consistencia entre
las políticas públicas de biocombustibles y las que corresponden al desarrollo
del agro e impulso a las energías renovables, de cara a una etapa en la cual el
desarrollo agrario y la ruralidad son prioridades para consolidar la paz en
nuestro país.
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