Otro mico: Artículo 20 de la Ley No 285 de 2017

FERROVIARIOS PIDEN ELIMINAR ARTÍCULO QUE DESMOTIVA A ORIGINADORES DE APP

·       Al asumir los originadores de APP los costos de la estructuración –en etapas de prefactibilidad y factibilidad-  “por su propia cuenta y riesgo”, pone en desventaja a quienes quieren apostarle a obras en el país.

·       Este artículo, de aprobarse, generará desempleo a los funcionarios públicos al contratar con terceros el análisis o estudios de APPs

Tras analizar la naturaleza del artículo 20 de la Ley No 285 de 2017, que entrará a debate, la próxima semana, en la plenaria de la Cámara de Representantes, la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia –AIFC- pide que sea eliminado este numeral al desmotivar a originadores de App –Asociaciones Público Privadas- a invertir en obras o prestar sus servicios asociados.

“Los originadores en la estructuración de proyectos de infraestructura pública de iniciativa privada o para la prestación de sus servicios asociados, asumirán por su propia cuenta y riesgo, la totalidad de los costos de la estructuración, incluyendo el costo para su revisión y/o evaluación en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, según corresponda”, reza el artículo 20 del proyecto de Ley No 285 de 2017- Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y otras disposiciones”.

La mirada que hace la AIFC al artículo 20, el cual determina que los costos de evaluación de los proyectos de APP, serán asumidos “por su propia cuenta y riesgo” por los originadores, pone en desventaja a quienes quieren apostarle a obras, porque deberán asumir el valor de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea de evaluación, el  costo de las visitas al proyecto que sean necesarias y otros costos directos e indirectos de la evaluación.

Para Rafael Antonio Dueñas,  presidente de la AIFC, “las APPs son un mecanismo demostrado para desarrollar proyectos que benefician al país y con el artículo 20 se desmotiva a los originadores de asociaciones a invertir en obras que no son prioridad para el gobierno o no tiene los recursos para realizarlos”, dijo.

Este artículo, de aprobarse, generará desempleo a los funcionarios públicos al contratar con terceros el análisis o estudios de APPs. Considera también la AIFC que los originadores arriesgan todo (estudios, inversión en el desarrollo del proyecto, y el riesgo durante la ejecución del mismo), cuando “lo mínimo que debería hacer el Estado es hacer los estudios y análisis de aprobación”, agregó Dueñas.

Recordaron los ferroviarios que las APPs al final de la concesión, entregan al Estado su inversión, aportando infraestructuras importantes para la Nación.

Otro de los riesgos que advierte la AIFC es que los originadores, con este artículo, pagarían sin tener derechos, puesto que el proyecto puede ser adjudicado a terceros,  “se somete a licitación después que el originador ha realizado la prefactibilidad y factibilidad”, enfatizó el presidente de la asociación de ferroviarios.

Otra de las advertencias con este artículo es que “podría constituirse en enriquecimiento indebido teniendo en cuenta que por objeto social y funciones de las entidades del Estado está el evaluar propuestas, como parte de servicio a los particulares, y por propia conveniencia del Estado”.

Tampoco se especifica en este proyecto de Ley si el dinero invertido en los estudios lo devuelven al no aprobar la APP o adjudicarla a terceros. Señalan los ferroviarios que las entidades del Estado tardan entre 4 a 5 años para definir y constituir las APPs en concesiones. “Se debería reglamentar los tiempos de análisis y adjudicación en términos que beneficien al país”, sugieren.

“Jurídicamente el proyecto de Ley (Articulo 20) no cumple con el Principio de Consecutividad, el cual fue incluido para aprobación de plenaria de Senado (segundo debate), sin ser devuelto a la comisión primera de Senado para su inclusión y discusión. Ni siquiera fue discutido o mencionado este tema en el primer debate. Luego, advirtiendo esta situación  a la Comisión, fue aprobado en el tercer debate para pasar a la plenaria de Cámara al cuarto y último debate”, advierten los ferroviarios.

Para la AIFC la naturaleza de este artículo es ‘confiscatorio’ y obliga a que la iniciativa o propuesta ha debido contar para su aprobación con la aceptación expresa del gobierno a través de su vocero en el debate o de comunicación en la que se manifieste claramente su aceptación.

Por todos los argumentos anteriores, la AIFC considera que “se ha constituido en un mico”, advierten los ferroviarios, quienes también se han pronunciado frente a los artículos 21 y 22, que ya  fueron eliminados en el tercer debate en la Comisión Primera, y que si volvieran a incluirlos en la Plenaria de Cámara sepultarían el tren en Colombia.