‘Mis derechos sin fronteras’:

La importancia de proteger a los niños,

niñas y adolescentes migrantes

La migración venezolana está hecha de diferentes rostros. De los 1.630.903 ciudadanos venezolanos que viven en Colombia, se podrían hacer diferentes desgloses. Y uno de los más importantes es sin lugar a dudas el de niños, niñas y adolescentes. Según datos de Migración Colombia, a junio de 2019 había en el país 197.428 menores de 18 años. Una población que, tal y como lo ordena la Ley 1098 de 2006, tiene que ser protegida y sus derechos a identidad, salud, educación, libre expresión, y demás garantizados. Es así como ACDI/VOCA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el apoyo de la Agencia de los  Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han adelantado el proyecto ‘Mis derechos sin fronteras’.

Esta iniciativa consiste en una serie de herramientas prácticas que se brindan a agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF, a familias y cuidadores de niños, niñas y adolescentes migrantes para que puedan tener más información, conciencia y compromiso con el desarrollo y la protección integral. Para cumplir con este objetivo, ACDI/VOCA y el ICBF han viajado con este proyecto a seis municipios de tres departamentos diferentes: Cúcuta y Los Patios, en Norte de Santander; Riohacha, Uribía y Maicao, en La Guajira; y Arauca, capital del departamento homónimo, donde se brindaron herramientas para fortalecer las rutas de atención integral, promover el diálogo interinstitucional con diferentes actores y reconocer los derechos y servicios a los que tienen acceso los menores de edad migrantes en Colombia.

Los asistentes a estos talleres de ACDI/VOCA y el ICBF, están en la capacidad de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y  ejercer su rol como garantes y co garantes de derechos. Así, se les resalta a padres y cuidadores la importancia de acceder oportunamente a los cupos educativos (solo en Bogotá, según la Secretaría de Educación, alrededor de 21.000 menores migrantes está matriculados en colegios); de preservar la salud de los niños, niñas y adolescentes y acceder al sistema de urgencias; y de evitar el riesgo de apátrida, un tema que el Estado abordó con la Ley 1997 de 2019 que extendió la nacionalidad colombiana a los niños migrantes nacidos en nuestro país desde el 1 de enero de 2015.

Para entender mejor los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, desde el proyecto ‘Mis derechos sin fronteras’ se priorizan los siguientes derechos y se explica en qué consisten:

-Derecho a la identidad: todo niño tiene derecho a un nombre, un apellido y una nacionalidad. Por eso, los hijos de migrantes nacidos a partir del 1 de enero de 2015 pueden obtener la nacionalidad colombiana mediante un registro civil de nacimiento que consigue ante la Registraduría.

-Derecho a la salud: los menores de edad tienen derecho a un buen estado de salud y a gozar de bienestar físico, mental y social. Esto incluye el poder recibir atención médica cuando estén enfermos o requieran algún tipo de urgencia. Para lograr esto, los padres y cuidadores deben vincular a los niños migrantes al régimen de salud colombiano, bien sea el contributivo o el subsidiado.

-Derecho a la educación: para que tengan un futuro, los niños, niñas y adolescentes necesitan recibir educación de calidad que les permita crearlo. Por eso todos, sin importar su estatus migratorio, tienen acceso a la oferta pública educativa en Colombia. Cada colegio es responsable de informar sobre los programas de permanencia, apoyo pedagógico y acompañamiento psicosocial que tenga.

-Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: los niños y niñas tienen derecho a vivir con su familia, crecer bajo su amparo y a tener padres o cuidadores capaces de brindar afecto. El desmembrar una familia migrante puede generar impactos a nivel individual, familiar y comunitario, en especial en aquellos que son menores de edad.

-Derecho a la protección: todo niño tiene derecho a vivir sin miedo, en ambientes seguros e idóneos. Por eso, es importante identificar en las comunidades los riesgos que existen para generar planes de acción desde el territorio, la familia y las instituciones, con el fin de proteger a todos los menores migrantes.