La industria privada de vinos y licores propone suspensión y modificación a la resolución 3098 de 2018

La Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas – CABA en representación de los productores nacionales y de los importadores de vinos y licores, solicitamos al DANE y al Gobierno Nacional la suspensión y modificación de la Resolución 3098 de 2018 “Por la cual se expide la certificación de precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares para el año 2019".

Lo anterior en consideración al aumento desproporcionado de los precios de las bebidas alcohólicas en los que se hizo caso omiso a lo dispuesto en la ley 1816 de 2016 artículos 19 y 20, en resumen, la determinación de la base gravable de vinos y licores sin la inclusión de impuestos o participaciones.

Encontramos, en la mayoría de nuestros productos, incrementos que van desde el 50%, y, en algunos casos, superan el 400%.

Reconocemos el enorme esfuerzo que ha realizado el DANE para emitir las certificaciones de precios promedio de bebidas alcohólicas. Preocupa que cada año se expide una base gravable, utilizando una metodología diferente a la del año anterior, tratando de ajustarse a lo descrito en la ley y a las necesidades de los Departamentos. Desafortunadamente las preocupaciones de la industria no han sido tenidas en cuenta y por lo cual persiste la incertidumbre respecto al cálculo de la base gravable, que sigue siendo incierto y sujeto a modificaciones según los intereses de los actores involucrados.

Las metodologías aplicadas demuestran inexperiencia y además la falta de conocimiento del funcionamiento de la industria, de la realidad del mercado, y de la problemática del mercado ilegal, que continúa creciendo desmedidamente.

Por todo lo anterior, solicitamos la suspensión inmediata de la Resolución 3098 de 2018 y la modificación de la certificación de los precios publicada, así como una reunión urgente con el director del DANE en una mesa de trabajo conjunta con la industria en general, representantes de los Departamentos, la Federación de Departamentos y el Gobierno nacional que permita analizar soluciones que den cumplimiento a la ley sin detrimento de ninguno de los actores